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Incongruencia en las medidas públicas para los jubilados

  • Foto del escritor: Mayores en Acción La Plata
    Mayores en Acción La Plata
  • 21 may 2017
  • 4 Min. de lectura

La canasta básica para los jubilados se estimó en $16.134 por la Defensoría de la Tercera Edad, alrededor de tres millones de jubilados y pensionados que cobran el mínimo no llegan a cubrir el 40% de esa canasta. A esto se suma que la cobertura del 100 por ciento en medicamentos ambulatorios dejó de entregarse a los jubilados que ganan más de 8.500 pesos. Esto demuestra un desfase en las políticas públicas destinadas a las personas mayores.


El dos de marzo del corriente año se estableció un aumento del 12,96% incrementando el mínimo jubilatorio a $6394, de acuerdo con la Resolución 33-E/2017. Además, de acuerdo al Decreto Nº 591/2016 se otorgó un complemento de $500 a los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo, percibido por única vez el pasado abril. Sin embargo, tanto organismos públicos como civiles denuncian la brecha entre los montos asignados a las jubilaciones y pensiones y el costo real de vida, que supera ampliamente a las primeras con consecuencia de situaciones de vulneración de derechos, pobreza y abandono de las personas mayores. En este sentido, la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires publicó esta semana su informe anual acerca del costo de la canasta básica de los jubilados, que ascendió a $16.134 mensuales, es decir, 40% por encima del haber mínimo, que perciben casi la mitad de los jubilados del país.

Teniendo en cuenta que la última medición de la canasta básica de las personas jubiladas se realizó en diciembre del 2016 con una estimación de $14.062 mensuales, en solo cuatro meses esta medición incrementó el 12,88%. En otras palabras, el aumento del 12,96% otorgado que subió las jubilaciones de $5.661 a $6.394 mensuales hasta agosto de este año, no alcanzaría ni siquiera a cubrir el aumento de la canasta básica percibido por los jubilados en estos primeros cuatro meses.


Eugenio Semino, titular de la Defensoría de la Tercera Edad porteña, destacó para Diario Popular: “El incremento en los servicios se vio porque aún con la tarifa social, los costos se duplicaron. En el rubro vivienda, las gastos en expensas son muy significativos. También el precio de los alimentos tienen un fuerte peso” (13/5/2017).

Reparación Histórica y el derecho a la gratuidad de los medicamentos


Desde el 27 de enero la cobertura del 100 por ciento en medicamentos ambulatorios dejó de entregarse a los jubilados que ganan más de 8.500 pesos, tengan prepaga, auto con menos de diez años de antigüedad, más de una propiedad o yates y aviones. Esto supone una problemática que se cruza con ley de Reparación Histórica, puesto que cerca del 44% de los jubilados salieron del haber mínimo, que supera apenas el monto de $6394,95 imposibilitándoles el derecho de recibir sus medicamentos.

La Ley 27.260 de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados, sancionada el 29 de junio de 2016 por el Congreso de la Nación, según ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social) consiste en una “propuesta de aceptación voluntaria que reconoce el derecho de los jubilados y pensionados que se encuentran en proceso judicial contra la ANSES, a actualizar sus haberes en función de fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de las Cámaras de la Seguridad Social y de las Cámaras Federales, mediante la firma de un acuerdo”.

Casi a un año de la sanción de la ley para los jubilados, se evidencian resultados contrarios a lo propuesto por ANSES. El porcentaje promedio de los aumentos quedó por debajo de lo calculado, por lo que se incrementaron los juicios por reajustes previsionales. El aumento jubilatorio prometido por el Gobierno sería de 35, 40 o 50 por ciento, y el porcentaje aumentado concretamente corresponde al 24,7. Según un informe ante el congreso del jefe de Gabinete Marcos Peña, se abonaron 894.668 casos a la lista de juicios.

Fueron cerca de 900 mil jubilados los que recibieron el reajuste automático de haberes luego de la ley de Reparación Histórica a Jubilados y Pensionados de julio del 2016. Según el ANSES , de ellos, el 44% que representan a 396.829 jubilados, “salieron” de la jubilación mínima actualmente ubicada en la cifra de $6394,95.

A la par de este “ascenso” en su haber, que para la mayoría es de $1.500, se han visto altamente perjudicados y han perdido su derecho a medicamentos gratuitos en PAMI y otras prestaciones municipales y provinciales.

Mediante la disposición 0005-17, firmada por Carlos Regazzoni (ex titular de PAMI) el 9 de enero, que determina que para acceder al beneficio de los medicamentos sin cargo (que en su gran mayoría para esta población son de uso crónico y vital) deben poseer un ingreso que no sea superior a una jubilación mínima y media, no estar afiliado a un sistema de medicina prepaga, no ser propietario de más de un inmueble, no poseer un vehículo de menos de 10 años de antigüedad (a menos que posea un certificado de discapacidad), no poseer aeronaves o embarcaciones de lujo.

Lo que propone la medida es combatir “abusos”, y en línea con la política oficial de reducir gastos, el director ejecutivo del PAMI, mediante la disposición firmada, restringió el otorgamiento de subsidios sociales a medicamentos, que según los cálculos del gobierno le permitiría “ahorrar” unos 1600 millones de pesos por año.

“Alguien que mantiene un avión o un barco y saca medicamentos gratis para la presión es parte de una defraudación al PAMI”, dijo Regazzoni cuando dio a conocer la medida. Según los números que aportó el funcionario del total de 1,6 millones de beneficiarios, había 2.495 jubilados con embarcaciones, 51 con aviones, otros tantos con propiedades de lujo; en total, menos del 0,2 por ciento. Sin embargo, el recorte fue más allá y alcanzó a los jubilados que ganan más de 8.500 pesos o tienen una prepaga, más de una propiedad o un auto con menos de diez años de antigüedad.


La medición de la canasta básica jubilatoria en la historia


La Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires mide la canasta básica de los jubilados siete años. Para calcular el índice, la Defensoría toma los rubros: alimentos; tasas y servicios; higiene y limpieza; vivienda; transporte; vestimenta; recreación.

 
 
 

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